Los afectados señalan que el Estado de Guatemala no le ha puesto atención al problema

Por: José Gabriel Cubur

El apropiamiento indebido de las cuotas laborales para el Seguro Social, descontadas a los trabajadores por los patronos, es un delito o falta, que debe castigar y corregir el Estado de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, ya que hasta el momento se han mostrado débiles, en este sentido.

El caso de 300 extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada del municipio Coatepeque, Quetzaltenango a quienes los Campollo Codina estafaron, por más de 30 años, estremeció y sorprendió a los comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque es una violación al derecho de acceso a la salud y de jubilación de las personas que con mucho esfuerzo y voluntad aportaron al Seguro Social, además que es un reflejo de lo que pasa en la mayoría de países latinoamericanos.

En Guatemala centenares de empleadores se han enriquecido con la explotación laboral de sus trabajadores, el robo de los aportes al IGSS y la evasión de impuestos. Actúan de manera impune porque el Estado se ha convertido en un paraíso de corrupción e impunidad. Lo peor del caso es que cuando los afectados reclaman sus derechos, los empresarios, en contubernio con fiscales y jueces los criminalizan y persiguen judicialmente, infundando delitos que no cometieron.

Representantes de los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada, a quienes, durante más de 30 años, las familias Campollo Codina y Quintanilla Paiz les robaron las cuotas mensuales para el pago del seguro social, que presta el IGSS, participaron en la 172 Sesiones de la CIDH, realizadas en Jamaica, en dónde solicitaron se tome nota de su caso y se dicte medidas cautelares a su favor.

Al Estado de Guatemala demandaron la implementación urgente de un mecanismo de seguimiento a su caso; la implementación específica de un programa médico para 243 de 300 extrabajadores de la finca San Gregorio, que aún sobreviven, ya que el resto ha muerto por falta de atención médica y uno por ataque armado; que se realicen las investigaciones administrativas y penales que correspondan y se determinen las sanciones pertinentes ante el impago de las cuotas robadas.

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