En este país en donde la mayoría de funcionarios públicos son corruptos y abusan de su autoridad, es difícil que se apliquen principios y directrices internacionales en materia de desalojos y desplazamientos forzados. Las instituciones creadas para velar estrictamente el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales de la población a desalojar, Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), en muchas ocasiones defienden el actuar violento e intimidatorio de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y grupos armados que empresarios envían como apoyo a las fuerzas públicas, guardando un silencio cómplice de violación de derechos humanos y colectivos de las poblaciones indígenas y campesinas a desalojar. En ese sentido, las poblaciones y organizaciones campesinas han decidido acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus denuncias sean atendidas y el gobierno entienda que el Estado fue creado para garantizar la vida e integridad, sin ninguna distinción. En los últimos días, se supo que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 19 familias que habitaban en la comunidad Nuevo Semuy Chacchila, Senahú, Alta Verapaz, días anteriores se otorgó Medidas a las familias de Chabilchoch, Livingstón, Izabal, sin embargo el gobierno de Jimmy Morales aún no ha tomado ninguna medida al respecto, en este sentido se espera que comunidades y organizaciones acompañantes presionen a los funcionarios para que la situación actual de las familias sean atendidas.El caso de Nuevo Semuy
Unos 300 policías de la PNC acompañados de personal de la finca Trece Aguas rodearon la pequeña comunidad Nuevo Semuy Chacchila, la mañana del 3 de noviembre de 2017. Don Abelardo Cuc, quién habitaba en el lugar, recuerda que las mujeres y niños empezaron a llorar, se asustaron al ver a las fuerzas policiales. Los hombres se reunieron y preguntaron a la policía ¿qué pasa? uno de los policías se acercó y dijo, “tienen 25 minutos para sacar lo que puedan, sino quemaremos todo lo que ustedes tengan aquí”.
Las 19 mujeres y 18 hombres que habitaban en el lugar, apresurados, empezaron a sacar sus pertenencias, pero el tiempo fue insuficiente para librar todo. A los pocos minutos los trabajadores de la finca Trece Aguas empezaron a destruir y a quemar las casas. No sé, si fue miedo o rabia la que se apoderó de nosotros, pero solo con llorar pudimos sacar eso que sentíamos”, comentó una señora de 35 años.
En el lugar había presencia de la PDH y de la Copredeh, sin embargo, los ejecutores del desalojo actuaron sin respeto a los derechos de las familias, sin que dichas instituciones se pronunciara. Quemaron granos básicos, viviendas, ropa, utensilios de cocina y herramientas de trabajo; amenazaron, intimidaron y desplazaron forzosamente a 98 personas Maya Q´eqchi´, entre ellas a 38 niños y niñas.
Después del desalojo las familias campesinas, se instalaron en la calle, sin techo y sin alimentos. Por su parte, los supuestos propietarios de las tierras enviaron a un grupo de guardias de seguridad quienes estuvieron intimidando y amenazando permanentemente con sus armas a los campesinos y campesinas.
El actuar del Estado de Guatemala durante el desalojo en mención, constituye para el Comité de Unidad Campesina (CUC), una violación a los derechos fundamentales de toda persona humana e incumplimiento de los principios básicos y directrices internacionales sobre desalojos y desplazamientos forzados. De esa cuenta, el 16 de noviembre de 2017, el CUC envió una solicitud de Medidas Cautelares a la CIDH, a favor de 19 familias desalojadas en Nuevo Semuy Chacchila.
Las amenazas e intimidaciones de los guardias de seguridad, fueron consumadas el 20 de noviembre cuando a eso de las 18:00 horas dispararon en contra de las familias campesinas e intentaron secuestrar a Erwin Ché, no logrando su objetivo, aproximadamente a las 22:00 horas, regresó el grupo de guardias y cuadrilleros a disparar en contra de los comunitarios, lograron secuestrar a Emilio Toc Pop, quién apareció sin vida a primeras horas del 21 de noviembre, a escasos 500 metros de su humilde vivienda, su cuerpo presentaba señales de violencia (heridas provocadas con machete y balas). Vea el siguiente vídeo. [youtube https://www.youtube.com/watch?v=fiaNTqOFbhc&w=560&h=315]
Medidas cautelares a favor de 19 familias
La CIDH notificó al CUC, el 12 de febrero del año en curso, que otorgó las Medidas Cautelares número 872-17 a favor de las familias campesinas de Nuevo Semuy Chacchilá conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de su reglamento y que dicha resolución (No. 7/2018), fue remitida al Gobierno de Guatemala para su cumplimiento.
De acuerdo con el asesor jurídico del CUC, Ronaldo Galeano, la CIDH le dio al Gobierno un plazo de 15 días para que informe de las medidas que haya adoptado para que la comunidad Nuevo Semuy Chacchila, tenga acceso a la salud, alimentación y a servicios sanitarios, en especial para las mujeres, niños y niñas. “La vida e integridad de las familias preocupa a la CIDH por esa razón recomienda al Estado que adopte medidas en ese sentido”, señaló Galeano.
Las Medidas Cautelares deben abordarse de común acuerdo entre representantes del Gobierno y los peticionarios (CUC), en ese sentido, Galeano indicó que estarán pendientes de que Copredeh los contacte, de lo contrario serán ellos quienes convoquen a una reunión a los funcionarios para que se adopten las Medidas lo más pronto posible.
Medidas cautelares según la CIDH
Debido a que Guatemala es parte de los estados que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está sujeta al cumplimiento de medidas cautelares que este órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos emita con relación a la violación y riesgo de derechos fundamentales de todo guatemalteco y guatemalteca.
De acuerdo con el reglamento de la CIDH, en situación de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas u objeto de una petición ante los órganos del Sistema Interamericano, la Comisión podrá, a iniciativa propia, o a solicitud de parte, solicitar que un estado adopte medidas cautelares. Para el caso de la comunidad Nuevo Semuy Chacchila las medidas son de naturaleza colectiva, por pertenecer a una organización y un grupo de personas determinado.
De acuerdo con Galeano, la CIDH se refieren a que el Estado debe adoptar todas las medidas para mejorar las condiciones en las que se encuentra la comunidad, en ese sentido el CUC dará una interpretación amplia que favorezca a las familias afectadas.
Se recuerda que en junio de 2011, la CIDH otorgó Medidas Cautelares a favor de 800 familias desalojadas violentamente en el Valle del Polochic, en marzo de ese año, por el gobierno de Álvaro Colom Caballeros, atendiendo una solicitud de parte de Carlos y Walter Widdman, propietarios del ingenio Chabil Utzaj, en ese entonces. El expresidente, Álvaro Colom, está siendo procesado penalmente por cometer delitos de peculado y fraude en el caso Transurbano.
Como resultado de las Medidas otorgadas en 2011 el Estado de Guatemala ha otorgado tierra y reasentamiento digno a 210 familias de las 800 afectadas y se espera que este año sean beneficiadas unas 150 familias más. Para el CUC, el cumplimiento de Medidas Cautelares por parte del gobierno no ha sido fácil. Las familias campesinas han tenido que realizar manifestaciones públicas, debates con varios gobiernos y sobre todo aguantar condiciones inhumanas debido a que quedaron en condiciones paupérrimas, como están viviendo ahora las familias de Nuevo Semuy Chacchila.
Por: José G. Cubur
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