Desde primeras horas del 26 de noviembre de 2017, mujeres, hombres y niños de la comunidad La Cumbre, Tactic, Alta Verapaz, formaron tres grupos, se echaron sobre sus espaldas y cabezas sus pocas pertenencias y se fueron a buscar alojamiento en comunidades aledañas. También se llevaron consigo la esperanza de que su situación de vida mejore y que su compañero encarcelado sea liberado.
Estas personas vivieron durante 25 días en un campamento improvisado, instalado en un camino público de terracería, después de que el 1 de noviembre del año en curso fueran desalojadas por la Policía Nacional Civil, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Ministerio Público y los supuestos propietarios de la tierra y sus trabajadores.
Desde que fueron desalojadas viven en condiciones infrahumanas, pero con este nuevo desplazamiento su situación puede empeorar. De acuerdo con María Josefa Macz, subcoordinadora del Comité de Unidad Campesina –CUC-, el estar trasladándose de un lado a otro hace más vulnerable a las familias a padecer hambruna, insalubridad y extrema pobreza.
Al igual que el resto de la población rural de Tactic, las personas que vivían en La Cumbre ya padecían los efectos de la pobreza y pobreza extrema, pero el desalojo vino a agravar su situación. El recuento de pérdidas durante el desalojo asciende a casi un millón de quetzales, según explicaron, cada una de las familias perdió unas 40 cuerdas de maíz y frijol, huertos familiares, herramientas de trabajo, ropa, utensilios de cocina, casas y materiales que servirían para un proyecto de agua entubada.
Las familias dijeron que después de abandonar el campamento, el señor Raúl Morales Cahuec, supuesto propietario de esas tierras, junto a un grupo de colaboradores se llevó 500 tubos (pvc) de diferentes medidas, 100 quintales de cemento y 10 quintales de hierro que serviría para un proyecto de agua entubada que la comunidad había gestionado meses atrás.
Incumplieron acuerdos
Antes de los desalojos fue capturado el señor Rosendo Chén, por orden de un juzgado de Cobán, así mismo se giró orden de captura en contra de otros líderes y lideresas de la comunidad La Cumbre. Personas que han visitado a Chén en la cárcel de Cobán, manifestaron que se encuentra con quebrantos de salud, además su avanzada edad le impide soportar las malas condiciones de la prisión.
Se supo que recientemente Raúl Morales exigió a las familias de La Cumbre que se alejaran definitivamente de las tierras de su interés y a cambio retiraría las acusaciones en contra de Rosendo Chen y otros campesinos, sin embargo incumplió su palabra ya que el 27 de los corrientes dijo al MP que las familias aún se encontraban ocupando el lugar.
Macz afirmó que las familias cumplieron con el acuerdo al que habían llegado y se desplazaron a lugares lejanos, “Raúl Morales incumplió su palabra. Lo grave del caso es que don Rosendo podría pasar en prisión por tiempo indefinido, mientras que sus familiares y el resto de familias desalojadas podrían enfrentarse a una situación mucho más grave”, añadió Macz.
Cabe mencionar que el CUC ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Medidas Cautelares a favor de las familias desalojadas en La Cumbre. La solicitud fue enviada a los representantes de esa instancia internacional el 6 de noviembre de 2017, 5 días después del desalojo en donde, según la organización campesina, se violaron derechos fundamentales y no se acataron los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado de Guatemala en materia de desalojos o desplazamientos forzados.
Por: José Cubur
Deja una respuesta