La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en varias ocasiones ha ordenado proteger la vida de guatemaltecos y guatemaltecas cuyos derechos fundamentales han sido violados por las fuerzas represivas del Estado o por entidades privadas durante desalojos, pero los gobiernos y sus funcionarios no cumplen. Las actitudes de este Gobierno, en materia de convenios internacionales pareciera ser:  nos importa un bledo, lo que digan los fuereños, nuestro país es soberano y nosotros decidimos que hacer.   

Esas actitudes políticamente inmaduras están afectando a centenares de familias cuya situación de vida es vulnerable.  El ejemplo palpable es el caso de la comunidad Nueva Semuy Chacchilá que goza de Medidas Cautelares dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en materia de alimentación y acceso a servicios básicos, las cuales han sido incumplidas por el actual gobierno.

Caso Semuy Chacchilá

Las personas que conformaban la comunidad Nueva Semuy Chacchilá del municipio de Senahú, Alta Verapaz, desalojadas por la Policía Nacional Civil, PNC, y el Ministerio Público, MP, hace 20 meses, solo han recibido 110 libras de arroz y 80 libras de frijol por familia, de parte del Estado; esto pese a que una de las recomendaciones de la CIDH al Gobierno de Guatemala, fue que garantizara alimentación para los damnificados.

Por medio de la Medida Cautelar, MC872-17, dictada el 10 de febrero de 2018, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala “proteger el derecho a la vida y a la seguridad personal de las familias indígenas desalojadas, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas a mejorar entre otros aspectos las condiciones sanitarias, el acceso a servicios médicos y alimentación principalmente de las niñas, niños y personas mayores”.

Asimismo, la CIDH recomendó al Estado adoptar las medidas de protección culturalmente adecuadas, lo que significa implementar medidas de protección acorde a la forma de vida de las comunidades, para proteger la vida y la integridad de las familias y evitar actos de violencia de parte de terceros.  Sin embargo, el gobierno nada ha hecho al respecto, señalan los afectados.

Ya no viven en donde fueron desalojadas

Después de ser desalojadas, las familias estaban viviendo en las orillas del camino en condiciones inhumanas. El 20 de noviembre de 2018 fueron víctimas de un atentado armado por parte del personal de seguridad y cuadrilleros de la empresa Trece Aguas, quienes alegan ser dueños del terreno donde habitaban las campesinas y campesinos. En ese ataque fue asesinado con alevosía Emilio Toc Pop.

Con el objetivo de resguardar la vida, las familias campesinas pidieron posada en una comunidad vecina denominada Los Luchadores San Esteban, ahí vivieron por unos meses, hasta que se trasladaron a la comunidad Bella Flor, jurisdicción de Panzós, en donde habitan sin las condiciones mínimas para una vida digna.

Ronaldo Galeano, asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina CUC, dijo que, como peticionarios de las Medidas Cautelares, están implementando acciones políticas y jurídicas para presionar al Estado y su institucionalidad en materia de derechos humanos para que cumplan con la Medidas Cautelares.

Una petición al Procurador de los Derechos Humanos

Ante los pocos avances en el cumplimiento de la Medida Cautelar 872-17 por el Estado de Guatemala, el 19 de julio de 2019, Daniel Pascual Hernández, coordinador del CUC, presentó una denuncia en contra del Estado y sus servidores por violación de derechos fundamentales y comportamientos administrativos lesivos a los derechos, ante la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH.

La denuncia también hace referencia, a las medidas cautelares MC121-11 dictadas a favor de 14 comunidades Maya Q´eqchi´ desalojadas violentamente en marzo de 2011 en el Valle del Polochic y la MC44-18 que favorece a los habitantes de la comunidad La Cumbre ubicada en Tactic, Alta Verapaz, desalojada el 1 de noviembre de 2018, en donde también se ha evidenciado el poco avance y falta de compromiso político del Gobierno para cumplir con los establecido por la CIDH.

Pascual Hernández, denuncia ante el PDH que el Estado y sus funcionarios, ante la falta de acciones para cumplir con las medidas cautelares, vulneran los derechos individuales y colectivos de comunidades mayas y que también genera incumplimiento de obligaciones internacionales. Por esa razón se solicita a la PDH que investigue los casos, para determinar si el Gobierno y sus funcionarios han cometido los delitos de Incumplimiento de Deberes, Destrucción de Registros Informáticos, Desobediencia u otros ilícitos que podría entra a conocer el Ministerio Público, MP.

Como parte peticionaria de la MC872-17 el CUC, recientemente, envió una comisión a la comunidad Bella Flor del municipio de Panzós para verificar la situación de las familias desalojadas en la comunidad Nueva Semuy Chacchilá.

Galeano explicó que la situación de las familias es preocupante, porque no tienen suficiente tierra para producir sus alimentos y no hay suficientes fuentes de empleo. Además, muchos niños no han sido inscritos en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, ni en las escuelas porque sus padres tienen orden de captura, acusados falsamente de cometer el delito de Usurpación.

Ellos no pueden presentarse hacer trámite alguno a las instituciones públicas porque inmediatamente serían capturados, por esa razón hay unos 6 niños que no han podido ser registrados en el RENAP.  Estamos trabajando jurídicamente para dejar sin efecto la orden de captura en contra de unas 20 personas para que puedan tener una vida normal, enfatizó Galeano.

Cabe mencionar que en la Comunidad Bella Flor habitan dos grupos de familia desalojadas en dos fechas distintas: marzo de 2011 y noviembre de 2018.  Las condiciones de vida paupérrimas son las mismas.

Por: José Gabriel Cubur