El año 2019 no podría terminar sin el último golpe del Pacto de Corruptos. Esos funcionarios que trabajaron por 4 años para las mafias que han tenido por años secuestrado a nuestro país. Esas personas inescrupulosas que siempre han gozado de impunidad y que harán todo lo que esté a su alcance para mantener su poder económico y político en Guatemala.
El silencio de Jimmy Morales desde el 3 de noviembre, fecha en la cual cual, los diputados aprobaron la iniciativa, lo hace parte de la jugarreta que hizo el pacto de corruptos, porque coincidente o planificadamente este lunes 16 de diciembre salió publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto que dio vida a dicha norma y el señor Jimmy Morales la Sancionó.
Bajo el argumento de “disminuir el tiempo ante la intensión de los sospechosos de aceptar sus delitos; evitar el hacinamiento en las cárceles y reducir el desarrollo del proceso penal”, tanto los diputados como Jimmy Morales aprobaron la ley, beneficiando a los exfuncionarios y funcionarios que tengan un proceso abierto por los delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción, delitos de Lavado de Activos y Financiamiento Electoral Ilícito, entre otros.
Esta más que claro, que los actuales funcionarios buscaron con esta Ley un escudo protector para tener la posibilidad de reducir penas a la hora de que se les impute la comisión de algún delito durante su gestión o cómo candidato de algún partido político.
Cabe aclarar, que con esta ley no podrán beneficiarse las personas que hayan cometido los delitos de: Genocidio, Desaparición Forzada, Delitos Contra Deberes de la Humanidad, Homicidio, Parricidio, Agresión y Violación Sexual, Plagio o Secuestro, Trata de Personas, Terrorismo, Extorsión, Femicidios, Aborto y delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros.
La Ley de Aceptación de Cargos, decreto número 10-2019 que modifica el artículo 491 del Código Procesal Penal entrará en vigencia en 30 días, es decir a mediados de enero de 2020.
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