Caso de extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada llega a la CIDH

Los afectados señalan que el Estado de Guatemala no le ha puesto atención al problema

Por: José Gabriel Cubur

El apropiamiento indebido de las cuotas laborales para el Seguro Social, descontadas a los trabajadores por los patronos, es un delito o falta, que debe castigar y corregir el Estado de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, ya que hasta el momento se han mostrado débiles, en este sentido.

El caso de 300 extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada del municipio Coatepeque, Quetzaltenango a quienes los Campollo Codina estafaron, por más de 30 años, estremeció y sorprendió a los comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque es una violación al derecho de acceso a la salud y de jubilación de las personas que con mucho esfuerzo y voluntad aportaron al Seguro Social, además que es un reflejo de lo que pasa en la mayoría de países latinoamericanos.

En Guatemala centenares de empleadores se han enriquecido con la explotación laboral de sus trabajadores, el robo de los aportes al IGSS y la evasión de impuestos. Actúan de manera impune porque el Estado se ha convertido en un paraíso de corrupción e impunidad. Lo peor del caso es que cuando los afectados reclaman sus derechos, los empresarios, en contubernio con fiscales y jueces los criminalizan y persiguen judicialmente, infundando delitos que no cometieron.

Representantes de los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada, a quienes, durante más de 30 años, las familias Campollo Codina y Quintanilla Paiz les robaron las cuotas mensuales para el pago del seguro social, que presta el IGSS, participaron en la 172 Sesiones de la CIDH, realizadas en Jamaica, en dónde solicitaron se tome nota de su caso y se dicte medidas cautelares a su favor.

Al Estado de Guatemala demandaron la implementación urgente de un mecanismo de seguimiento a su caso; la implementación específica de un programa médico para 243 de 300 extrabajadores de la finca San Gregorio, que aún sobreviven, ya que el resto ha muerto por falta de atención médica y uno por ataque armado; que se realicen las investigaciones administrativas y penales que correspondan y se determinen las sanciones pertinentes ante el impago de las cuotas robadas.

Además, solicitan que cese la criminalización y persecución judicial de los extrabajadores y defensores de derechos humanos del Comité de Unidad Campesina, CUC, que los acompañan; que se implemente las acciones judiciales y administrativas por parte del IGSS en contra de patronos con cuotas atrasadas para evitar que esas situaciones se sigan reproduciendo; y que en la brevedad posible el IGSS les de acceso al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, IVS.

Maniobras de las familias Campollo y Quintanal para evadir responsabilidades

Al parecer, no es la primera vez que estas familias evaden sus responsabilidades frente al IGSS. En la Audiencia de la CIDH, frente a comisionados y una relatora, los representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Copredeh, señalaron que la Empresa Comercial Agrónoma Pecuaria Quihuit Sociedad Anónima, que según los extrabajadores es de la familia Quintanilla Paiz, que compró la Hacienda San Gregorio a la Compañía Comercial Agrónoma Pecuaria Sociedad Anónima, cuyos dueños eran los Campollo Codina, no había hecho efectivo el pago de las cuotas laborales y patronales al IGSS, correspondiente al periodo de 2003 a 2016, cuyo monto ascendía a 3 millones 433 mil 677 quetzales con 79 centavos.

Este caso se destapó con las denuncias públicas y reuniones de alto nivel que los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio, que aún viven, han hecho. En el año 2017 el IGSS presentó una denuncia penal en contra de la empresa Pecuaria Quihuit, por el delito de Retención Indebida de las cuotas de sus trabajadores; y el 14 de julio de ese año se suscribió un reconocimiento de deuda entre el patrono y el Instituto de Seguridad Social, por los periodos del 31 de diciembre de 2004 al 30 de julio de 2015, por un plazo de 60 meses. Cada amortización debe ser de 58 mil 197 quetzales con 93 centavos. Hasta el día de hoy la parte patronal ha cancelado 23 amortizaciones, lo que significa que su deuda con el Seguro Social es de 2 millones 153 mil 323 quetzales.

Pese al acuerdo de pago con el IGSS, la empresa Agrónomo Quihuit, nuevamente ha caído en ilegalidades, ya que la última planilla pagada a ese instituto por cuotas laborales fue en junio de 2017. Según Copredeh, el IGSS ha buscado acuerdos administrativos con los representantes de la empresa para viabilizar el cumplimiento de sus responsabilidades, pero los mismos han sido evasivos y han presentado obstáculos para su fiscalización y cumplimiento de sus obligaciones.

Los extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada afirman que los Campollo Codina y los Quintanilla Paiz son parientes. Y que cambiaron de nombre y representante legal a la empresa, para evadir sus obligaciones con el IGSS. De acuerdo con la información de Copredeh, la compraventa de la hacienda San Gregorio se realizó en 1998 y en 2001 fue liquidada. Se dice que los trabajadores de ese entonces terminaron su relación laboral y les extendieron los finiquitos correspondientes. En una audiencia celebrada el 7 de enero de 2011, se entregaron 400 expedientes con los datos que deben de coincidir con los registros del IGSS, señaló uno de los funcionarios de Copredeh.

Al respecto, Ronaldo Galeano, asesor jurídico del CUC, dijo que en el Instituto de Seguridad Social no aparece el total de las cuotas descontadas a los extrabajadores durante los 30 años que en promedio, ellos laboraron. Y citó el caso de Gumercinto Oxlaj a quién le aparecen solo 55 cuotas aportadas. “Por más que se busque en los archivos del IGSS no se encuentra información porque el patrono no reportó las cuotas de los trabajadores”, enfatizó Galeano.

Conmovidos se solidarizan con los extrabajadores

Luego de escuchar la ponencia de los peticionarios (representante de los extrabajadores) y de los representantes del Estado de Guatemala (Copredeh), los comisionados de la CIDH; Esmeralda Arosemena, Flávia Piovesan, Francisco Eguiguren, Margarette May y la Relatora Especial Sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Desca, Soledad García, se mostraron sorprendidos, conmovidos y expresaron su solidaridad con los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada.

La Comisionada Flavia Piovesan y el Comisionado Francisco Aguiguren coincidieron que este caso refleja que en el área rural de los países latinoamericanos existe una situación de vulnerabilidad acentuada para los trabajadores. Y que existe un patrón de incumplimiento en relación a la entrega de las cuotas laborales por parte de los empleadores. “El empleado casi nunca se da cuenta que esto está pasando, hasta que llegue el momento en que necesita atención médica o cuando se va a jubilar”, añadió Aguiguren.

Aguiguren recomendó a los representantes de Copredeh que el Estado Guatemalteco debe tener flexibilidad, justicia y humanidad. “Los trabajadores ya cumplieron y ustedes, ahora tienen a un deudor que debe ir a la cárcel. Ellos no pueden esperar hasta que el deudor pague al seguro social, porque ellos pagaron hace décadas”, enfatizó Aguiguren.

Por su parte, la Relatora Soledad García, expresó su preocupación por la criminalización hacia los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio. De acuerdo a con sus palabras, estas personas lo único que hacen es defender con toda justicia el derecho a la seguridad social, su vida digna y recuperar el fruto de tantos años de esfuerzo. “Estas personas no están en una situación de vulnerabilidad, sino, de sufrimiento inmerecido, mi solidaridad con ellos y me gustaría tener desde ya el compromiso del Estado de Guatemala, señaló García.

Antes de que concluyera la Audiencia, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, preguntó a los representantes del Estado Guatemalteco si estaban en disposición de cumplir con las Medidas Cautelares solicitadas por los extrabajadores; a lo que el funcionario de Copredeh, respondió que están en toda la disposición de atender el caso, pero que el Estado no quiere verse obligado por una Medida Cautelar, sino, que lo hara de manera voluntaria.

Criminalización, persecución judicial y asesinato

Llegar hasta la audiencia con la CIDH, no ha sido fácil para los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio, 57 de las 300 personas exempleadas han fallecido por diversas causas, incluyendo el asesinato de Eugenio López López, por personal de seguridad de los Quintanilla Paiz, hecho ocurrido el 23 de junio de 2017, cuando un grupo de extrabajadores se disponía a manifestar pacíficamente en la vía pública, frente a la que antes era la Hacienda San Gregorio.

Antes del asesinato de Eugenio López, la empresa Quihuit inició una campaña pública de difamación y calumnia en contra los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio; criminalizó y persiguió judicialmente a tres de ellos y a Dalila Mérida y Ricardo Pérez, defensores de derechos humanos que trabajan en el CUC y que brindan acompañamiento a los afectados. Se les acusó de cometer los delitos de Usurpación Agravada y provocar pérdidas por 1.5 millones de dólares. Por este caso Mérida estuvo encarcelada 10 días, y actualmente, los cinco, siguen ligados a proceso judicial.

Durante más de una década, los exempleados, en su mayoría de la tercera edad, han hecho varias manifestaciones públicas, para obligar al Estado y al IGSS a participar en mesas de alto nivel, en donde se ha buscado recuperar el derecho al seguro social que les fue arrebatado por los empleadores.

Jesús Calderón, de 74 años de edad, representó a los extrabajadores en la Audiencia de la CIDH, el pasado 10 de mayo y dijo, “no venimos a pedir favor o que nos regalen algo, vengo a pedir justicia y que se haga lo necesario para que nosotros podamos tener otros años de vida, a nosotros nos están matando de hambre y de pobreza”.

La CIDH dejó como plazo el 15 de mayo para que los peticionarios y la Copredeh sostengan una reunión para definir las medidas urgentes encaminadas a resolver el problema que afrontan los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio y los defensores de derechos humanos criminalizados. Los Comisionados se comprometieron a monitorear el resultado de dicha reunión.