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La Palabra de los Pueblos Originarios y Movimientos Populares en la Radio…
El Frente Campesino Iximulew, al Señor Presidente de la República de Guatemala, Gabinete de Gobierno, Congreso de la Republica y público en general manifiesta:
Las decisiones improvisadas e intempestivas tomadas por el Presidente Alejando Giamattei, profundizan las condiciones de pobreza para el pueblo Indígena y campesino de Guatemala, evidencian la preferencia de clases económicas que ejerce su gobierno y sus hábitos racistas y de discriminación históricos así como manifiesta la incapacidad para establecer acciones que favorezcan a la sociedad en su conjunto. El aviso de nuevas medidas fue extemporáneo, sin permitir que campesinos y agricultores se prepararan para el cierre total de tres días. Y discriminatorio porque declaró “servicios esenciales” a productos ultraprocesados, bebidas gaseosas y cervezas, a la vez que impidió la entrega de verduras y frutas a los centros urbanos y mercados.
Comprendemos perfectamente la necesidad de las medidas sanitarias relacionadas con el distanciamiento social y la prioridad que tiene la salud en estos momentos. También nos damos cuenta de las presiones que ejercen los sectores empresariales para que se retorne a la “normalidad” evitando tener pérdidas en sus ganancias. El gobierno, en lugar de ceder a esas presiones, debe tomar medidas consecuentes con el control de la pandemia en esta etapa de mitigación, pero al mismo tiempo, debe apoyar la economía popular, particularmente la de los campesinos que seguimos alimentando al país.
Respaldamos totalmente las decisiones tomadas por las Autoridades del pueblo Maya Kaqchikel en Sololá seguidas por las Autoridades de los pueblo K’iche e Ixil; sus peticiones son absolutamente legítimas y urgentes de cumplirse, siendo necesario que el Gobierno y su Gabinete asuman la responsabilidad de atender las demandas en calidad de urgencia. El cierre de carreteras y el enfrentamiento que se produjo en San Francisco El Alto, y en otros puntos del país, son producto de la improvisación del gobierno y de sus políticas discriminatorias.
Expresamos nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas indígenas y campesinas tanto del altiplano occidental como el todo el país, por la pérdidas ocasionadas por las decisiones del Gobierno de Guatemala. Aplaudimos y felicitamos a las y los campesinos y agricultores quienes han asumido pérdidas, pero han optado por la vida al regalar sus cosechas antes que dejarlas que se pudran.
Hacemos UN LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO DE GUATEMALA para que permita y contribuya al funcionamiento de cadenas de distribución de los productos campesinos, quienes son los garantes de la alimentación a todo el país y países vecinos. Que el Estado compre las cosechas y facilite su distribución prioritaria a comunidades y familias vulnerables y en riesgo. Que establezca de manera urgente e inmediata el diálogo con las Autoridades Indígenas, el Movimiento Campesino y Organizaciones de Sociedad Civil, para el establecimiento de un Plan de Respuesta durante y posterior a la pandemia del COVID 19. A la población en general, llamamos a respaldar a la agricultura campesina e indígena, solidarizándonos con sus demandas y teniendo preferencia por su producción.
¡Basta ya de obviar las demandas de los pueblos Indígenas! ¡Basta ya de favorecer a la clase económica predominante de Guatemala!
Guatemala, 17 de mayo 2020. frentecampesinoiximulew@gmail.com Facebook@frentecampesinoiximulew.com Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas –UVOC- Comité de Unidad Campesina –CUC- Comité Campesino del Altiplano –CCDA- Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día.
El año 2019 no podría terminar sin el último golpe del Pacto de Corruptos. Esos funcionarios que trabajaron por 4 años para las mafias que han tenido por años secuestrado a nuestro país. Esas personas inescrupulosas que siempre han gozado de impunidad y que harán todo lo que esté a su alcance para mantener su poder económico y político en Guatemala.
El
silencio de Jimmy Morales desde el 3 de noviembre, fecha en la cual cual, los diputados aprobaron la iniciativa, lo hace parte de la
jugarreta que hizo el pacto de corruptos, porque coincidente o planificadamente
este lunes 16 de diciembre salió publicado en el Diario de Centroamérica el
Decreto que dio vida a dicha norma y el señor Jimmy Morales la Sancionó.
Bajo
el argumento de “disminuir el tiempo ante la intensión de los sospechosos de
aceptar sus delitos; evitar el hacinamiento en las cárceles y reducir el
desarrollo del proceso penal”, tanto los diputados como Jimmy Morales aprobaron
la ley, beneficiando a los exfuncionarios y funcionarios que tengan un proceso
abierto por los delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción, delitos de
Lavado de Activos y Financiamiento Electoral Ilícito, entre otros.
Esta
más que claro, que los actuales funcionarios buscaron con esta Ley un escudo
protector para tener la posibilidad de reducir penas a la hora de que se les
impute la comisión de algún delito durante su gestión o cómo candidato de algún
partido político.
Cabe
aclarar, que con esta ley no podrán beneficiarse las personas que hayan
cometido los delitos de: Genocidio, Desaparición Forzada, Delitos Contra
Deberes de la Humanidad, Homicidio, Parricidio, Agresión y Violación Sexual,
Plagio o Secuestro, Trata de Personas, Terrorismo, Extorsión, Femicidios,
Aborto y delitos relacionados con el narcotráfico, entre otros.
La
Ley de Aceptación de Cargos, decreto número 10-2019 que modifica el artículo
491 del Código Procesal Penal entrará en vigencia en 30 días, es decir a
mediados de enero de 2020.
Foto: Ronaldo Galeano. Visita a comunidad Bella Flor 30-07-19
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, CIDH, en varias ocasiones ha ordenado proteger la vida de
guatemaltecos y guatemaltecas cuyos derechos fundamentales han sido violados
por las fuerzas represivas del Estado o por entidades privadas durante
desalojos, pero los gobiernos y sus funcionarios no cumplen. Las actitudes de este
Gobierno, en materia de convenios internacionales pareciera ser: nos importa un bledo, lo que digan los fuereños,
nuestro país es soberano y nosotros decidimos que hacer.
Esas actitudes políticamente
inmaduras están afectando a centenares de familias cuya situación de vida es vulnerable.
El ejemplo palpable es el caso de la
comunidad Nueva Semuy Chacchilá que goza de Medidas Cautelares dictada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en materia de alimentación y acceso a
servicios básicos, las cuales han sido incumplidas por el actual gobierno.
Caso Semuy Chacchilá
Las personas que conformaban la
comunidad Nueva Semuy Chacchilá del municipio de Senahú, Alta Verapaz,
desalojadas por la Policía Nacional Civil, PNC, y el Ministerio Público, MP,
hace 20 meses, solo han recibido 110 libras de arroz y 80 libras de frijol por
familia, de parte del Estado; esto pese a que una de las recomendaciones de la CIDH
al Gobierno de Guatemala, fue que garantizara alimentación para los damnificados.
Por medio de la Medida Cautelar, MC872-17,
dictada el 10 de febrero de 2018, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala
“proteger el derecho a la vida y a la seguridad personal de las familias
indígenas desalojadas, a través de medidas culturalmente adecuadas dirigidas a
mejorar entre otros aspectos las condiciones sanitarias, el acceso a servicios
médicos y alimentación principalmente de las niñas, niños y personas mayores”.
Asimismo, la CIDH recomendó al
Estado adoptar las medidas de protección culturalmente adecuadas, lo que
significa implementar medidas de protección acorde a la forma de vida de las comunidades,
para proteger la vida y la integridad de las familias y evitar actos de
violencia de parte de terceros. Sin
embargo, el gobierno nada ha hecho al respecto, señalan los afectados.
Ya no viven en donde fueron
desalojadas
Foto: Ronaldo Galeano. Visita a comunidad Bella Flor 30-07-19
Después de ser desalojadas, las
familias estaban viviendo en las orillas del camino en condiciones inhumanas. El
20 de noviembre de 2018 fueron víctimas de un atentado armado por parte del
personal de seguridad y cuadrilleros de la empresa Trece Aguas, quienes alegan
ser dueños del terreno donde habitaban las campesinas y campesinos. En ese
ataque fue asesinado con alevosía Emilio Toc Pop.
Con el objetivo de resguardar la
vida, las familias campesinas pidieron posada en una comunidad vecina
denominada Los Luchadores San Esteban, ahí vivieron por unos meses, hasta que
se trasladaron a la comunidad Bella Flor, jurisdicción de Panzós, en donde
habitan sin las condiciones mínimas para una vida digna.
Ronaldo Galeano, asesor jurídico
del Comité de Unidad Campesina CUC, dijo que, como peticionarios de las Medidas
Cautelares, están implementando acciones políticas y jurídicas para presionar
al Estado y su institucionalidad en materia de derechos humanos para que
cumplan con la Medidas Cautelares.
Una petición al Procurador de
los Derechos Humanos
Ante los pocos avances en el
cumplimiento de la Medida Cautelar 872-17 por el Estado de Guatemala, el 19 de
julio de 2019, Daniel Pascual Hernández, coordinador del CUC, presentó una denuncia
en contra del Estado y sus servidores por violación de derechos fundamentales y
comportamientos administrativos lesivos a los derechos, ante la Procuraduría de
Derechos Humanos, PDH.
La denuncia también hace
referencia, a las medidas cautelares MC121-11 dictadas a favor de 14
comunidades Maya Q´eqchi´ desalojadas violentamente en marzo de 2011 en el
Valle del Polochic y la MC44-18 que favorece a los habitantes de la comunidad
La Cumbre ubicada en Tactic, Alta Verapaz, desalojada el 1 de noviembre de 2018,
en donde también se ha evidenciado el poco avance y falta de compromiso
político del Gobierno para cumplir con los establecido por la CIDH.
Pascual Hernández, denuncia ante
el PDH que el Estado y sus funcionarios, ante la falta de acciones para cumplir
con las medidas cautelares, vulneran los derechos individuales y colectivos de
comunidades mayas y que también genera incumplimiento de obligaciones internacionales.
Por esa razón se solicita a la PDH que investigue los casos, para determinar si
el Gobierno y sus funcionarios han cometido los delitos de Incumplimiento de Deberes,
Destrucción de Registros Informáticos, Desobediencia u otros ilícitos que
podría entra a conocer el Ministerio Público, MP.
Como parte peticionaria de la MC872-17
el CUC, recientemente, envió una comisión a la comunidad Bella Flor del
municipio de Panzós para verificar la situación de las familias desalojadas en
la comunidad Nueva Semuy Chacchilá.
Galeano explicó que la situación
de las familias es preocupante, porque no tienen suficiente tierra para producir
sus alimentos y no hay suficientes fuentes de empleo. Además, muchos niños no
han sido inscritos en el Registro Nacional de las Personas, RENAP, ni en las
escuelas porque sus padres tienen orden de captura, acusados falsamente de
cometer el delito de Usurpación.
Ellos no pueden presentarse hacer
trámite alguno a las instituciones públicas porque inmediatamente serían
capturados, por esa razón hay unos 6 niños que no han podido ser registrados en
el RENAP. Estamos trabajando jurídicamente
para dejar sin efecto la orden de captura en contra de unas 20 personas para
que puedan tener una vida normal, enfatizó Galeano.
Cabe mencionar que en la Comunidad Bella Flor habitan dos grupos de familia desalojadas en dos fechas distintas: marzo de 2011 y noviembre de 2018. Las condiciones de vida paupérrimas son las mismas.
Líderes comunitarios de comunidades Maya Q'eqchi' viajaron desde El Estor, Izabal, para presentar un amparo en contra de la decisión de la jueza Claudette Dominguez, del Juzgado de Mayor Riesgo "A" de dar continuidad a la orden de desalojo de la comunidad Plan Grande
Los afectados señalan que el Estado de Guatemala no le ha puesto atención al problema
Por: José Gabriel Cubur
El apropiamiento indebido de las cuotas laborales para el Seguro Social, descontadas a los trabajadores por los patronos, es un delito o falta, que debe castigar y corregir el Estado de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, ya que hasta el momento se han mostrado débiles, en este sentido.
El caso de 300 extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada del municipio Coatepeque, Quetzaltenango a quienes los Campollo Codina estafaron, por más de 30 años, estremeció y sorprendió a los comisionados y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque es una violación al derecho de acceso a la salud y de jubilación de las personas que con mucho esfuerzo y voluntad aportaron al Seguro Social, además que es un reflejo de lo que pasa en la mayoría de países latinoamericanos.
En Guatemala centenares de empleadores se han enriquecido con la explotación laboral de sus trabajadores, el robo de los aportes al IGSS y la evasión de impuestos. Actúan de manera impune porque el Estado se ha convertido en un paraíso de corrupción e impunidad. Lo peor del caso es que cuando los afectados reclaman sus derechos, los empresarios, en contubernio con fiscales y jueces los criminalizan y persiguen judicialmente, infundando delitos que no cometieron.
Representantes de los extrabajadores de la Hacienda San Gregorio Piedra Parada, a quienes, durante más de 30 años, las familias Campollo Codina y Quintanilla Paiz les robaron las cuotas mensuales para el pago del seguro social, que presta el IGSS, participaron en la 172 Sesiones de la CIDH, realizadas en Jamaica, en dónde solicitaron se tome nota de su caso y se dicte medidas cautelares a su favor.
Al Estado de Guatemala demandaron la implementación urgente de un mecanismo de seguimiento a su caso; la implementación específica de un programa médico para 243 de 300 extrabajadores de la finca San Gregorio, que aún sobreviven, ya que el resto ha muerto por falta de atención médica y uno por ataque armado; que se realicen las investigaciones administrativas y penales que correspondan y se determinen las sanciones pertinentes ante el impago de las cuotas robadas.